El proyecto de presupuesto del gobierno nacional para 2027 ya en discusión en el Congreso estará expuesto a la tentación de ser poco estrictos con el resultado fiscal. Nada extraño debido a la necesidad de los legisladores de atender lo relacionado con la continuidad de su carrera política, pero el año electoral incrementará la presión.

Cualquiera sea el argumento que se utilice se concluirá en la repercusión en votos, sea por los oficialistas que quieran mantenerlos, sea por los opositores que busquen esmerilar las chances del gobierno. No es que la política se reduzca a las elecciones sino que no se debe confundir ser con deber ser. En la práctica, se trata del poder y éste en democracia requiere votos.

Entonces se hablará del papel del Estado, salarios caídos, empleo informal, obras públicas, lo estratégico de la educación, solidaridad y así. Los buenos objetivos de siempre, la sensiblería de siempre, las necesidades como siempre poco atendidas con medidas de fondo. Sin embargo, para trabajar en serio en el país actual el superávit es esencial.

Como mínimo hay dos razones. Una, la necesidad de seguir reduciendo la inflación. Ésta es un fenómeno monetario, de ello prácticamente no hay dudas entre quienes la estudian, y todo país que basó sus decisiones contra ella en esa realidad terminó con relativa estabilidad de precios. Cada uno a su manera, dentro de sus restricciones políticas, institucionales e históricas, pero el eje fue evitar la irresponsabilidad en la emisión de dinero y ello implicó diversas variantes de seriedad fiscal y de diseño del banco central para que éste no fuera otra caja del Poder Ejecutivo.

De allí la importancia de un gobierno argentino sin déficit. Así no necesita pedir prestado y eso significa dos cosas. Una, que el Banco Central emita mucho menos. Como el gasto público suele ser de baja o nula productividad, la emisión para cubrirlo tiende a ser inflacionaria. La otra, que el Estado recurra menos al mercado de crédito. De esa manera queda más capacidad prestable disponible para el sector privado. Y si se piensa que el crédito hoy es poco y caro, con el Estado como principal tomador sería mucho peor.

Ahora, vista la explicación, ¿por qué la inflación no es menor que la actual con las cuentas públicas como están? O sea, ¿por qué insistir con un camino que no parece tan exitoso? Primero, porque la reducción deseada no es un proceso rápido. Casi en ningún país lo fue para resultados sostenibles en el tiempo. Segundo, porque el aspecto monetario no se basa en la oferta sino en la demanda por dinero. La emisión genera problemas cuando es mayor a lo que las personas quieren mantener de dinero nacional. Y aunque se la reduzca, si hay desconfianza, si las expectativas de estar en el camino correcto o de que se mantendrá no son sólidas, la demanda por dinero es débil y la estabilidad demora más.

El segundo factor de la necesidad de superávit tiene que ver con algo ya mencionado, el crédito. La carga de la deuda pública no suele ser un problema por lo que haya que abonar porque normalmente no se paga sino que se renueva. Sin embargo, cuando el monto es grande hay detalles que cuidar. Uno, el efecto desplazamiento: renovar crédito al Estado es prestar menos para inversión. Entonces, reducir la deuda pública ayuda a que la tasa de interés del mercado sea más baja. Pero menor deuda se consigue pagando, no renovando. Y eso requiere dinero disponible: superávit. Por cierto, en las renovaciones se está expuesto a la variabilidad de la tasa de interés del mercado. Aunque el criterio sea discutible, si se consigue una tasa de interés menor que la expectativa de crecimiento del PIB la confianza y las inversiones aumentan, pero también es posible que la única tasa posible sea mayor. Aquí aparece de nuevo el resultado fiscal: cuando las cuentas son manejadas con prudencia, la confianza aumenta y las renovaciones son más baratas.

En la actualidad hay un elemento más. Ante la suba en la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos puede esperarse un incremento del flujo de capitales hacia ese país y por lo tanto menos financiamiento internacional para el resto incluyendo Argentina. Entonces, para 2027 el superávit fiscal es una medida prudencial.

Pero, se dirá, hay países con déficit que no tienen problemas. Es cierto. Pero no son Argentina. Un país serio, sin desbordes fiscales, con fundamentos económico-institucionales sólidos, puede funcionar con déficits fiscales adecuados a sus antecedentes. Cuándo un resultado es prudente o no depende del prestigio de cada uno y genera o no problemas internos según la percepción de los ciudadanos sobre la reputación de los gobernantes y las condiciones para la toma de decisiones.

De todos modos, aunque sea cierto que en Argentina no alcanza con el superávit fiscal también lo es que cualquier medida que se adopte debe cuidarlo. Y vaya una advertencia sobre las obras públicas, que serán cada vez más reclamadas. Cuando el gobierno nacional las recortó en 2024 una consecuencia fue el rápido descenso de la tasa de inflación. Pero además buena parte era gasto nacional en áreas de responsabilidad provincial y municipal. Cuando algunos políticos se quejan de que la Nación no hace obras en sus provincias en realidad protestan porque ya no aprovechan dinero ajeno. Escuelas, acceso a pueblos, rutas internas, veredas, son todas responsabilidades locales, no nacionales. Pero las ejecutaba o financiaba la Nación.

Por supuesto, hay obras estrictamente nacionales desatendidas. El gobierno hace, pero no cubre todo lo necesario y va lento en las tercerizaciones posibles. Ahí podrían trabajar los gobernadores para negociar apoyos. No cualquier obra sino las de proyección nacional que apunten a reducir diferencias de desarrollo relativo entre regiones (mandato constitucional) y siempre cuidando el resultado fiscal. Hoy, no respetarlo traerá más problemas que soluciones.